Tapachula, Chiapas; 24 de julio de 2026. (DSN) La crisis en los mercados públicos de Tapachula alcanzó un nuevo nivel de confrontación luego de que integrantes de la denominada Alianza de Mercados lanzaran una severa denuncia contra autoridades municipales, estatales y federales, a quienes responsabilizan de permitir el crecimiento descontrolado del comercio informal y la presunta privatización de espacios públicos.
De acuerdo con el pronunciamiento, los comerciantes aseguran que la venta y renta de locales, bodegas y espacios dentro de los mercados continúa realizándose sin un control efectivo, mientras que calles, banquetas, áreas verdes y parques permanecen ocupados por vendedores ambulantes, afectando tanto la movilidad de los ciudadanos como la actividad del comercio formal.
Los inconformes sostienen que durante años han presentado escritos y solicitudes ante la Sindicatura Municipal, regidores, la Contraloría Interna, instancias anticorrupción, el Gobierno del Estado, así como senadores y diputados federales y locales, sin que, afirman, exista una respuesta contundente para recuperar el orden en los mercados y en la vía pública. En su posicionamiento, la organización señala que la falta de acciones refleja una presunta complicidad entre los tres niveles de gobierno, situación que —aseguran— ha permitido que el ambulantaje crezca sin control y que los espacios públicos permanezcan ocupados de manera permanente.
Los comerciantes también expresan su preocupación por presuntos actos de extorsión y cobros ilegales dentro de algunos centros de abasto. Estas acusaciones son de carácter delicado y, hasta el momento, no han sido respaldadas públicamente por resoluciones judiciales o investigaciones oficiales; por ello, corresponde a las autoridades competentes investigar y esclarecer los hechos denunciados.
Mientras tanto, el panorama en Tapachula continúa evidenciando una realidad que miles de ciudadanos observan diariamente: banquetas intransitables, calles invadidas por puestos, mercados saturados y una autoridad que, para muchos sectores, ha sido incapaz de hacer valer el reglamento. La recuperación de los espacios públicos y la transparencia en la administración de los mercados siguen siendo una deuda pendiente que exige respuestas concretas y no únicamente discursos.