Cacahoatán, Chiapas; 23 de abril de 2026. (DSN) — La gestión del presidente municipal, Víctor Pérez Saldaña, se encuentra bajo severo cuestionamiento tras persistir en el desacato a las disposiciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. A más de un año de haberse documentado irregularidades mediante inspecciones oficiales, el problema no solo continúa, sino que se agrava ante la aparente indiferencia de las autoridades locales.
El caso del basurero clandestino en la comunidad de La Soledad expone una cadena de omisiones que trascienden la negligencia administrativa. La existencia de lixiviados que escurren hacia el río Cahuacán durante la temporada de lluvias constituye un riesgo sanitario latente para las comunidades que dependen de este afluente. No se trata únicamente de un incumplimiento normativo: es una amenaza directa a la salud pública y al equilibrio ecológico de la región.
Resulta especialmente preocupante que, pese a la clausura ordenada por la autoridad federal, el Ayuntamiento continúe utilizando el sitio de manera irregular. Esta conducta no solo desacata resoluciones legales, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por el bienestar común. La ley ambiental, en este caso, parece ser letra muerta frente a decisiones políticas que priorizan la inmediatez sobre la responsabilidad.
La contradicción es aún más evidente considerando que la administración municipal emana del Partido Verde Ecologista de México, un instituto político que, en el discurso, promueve la protección ambiental. En la práctica, sin embargo, los hechos en Cacahoatán reflejan una distancia alarmante entre la retórica y la acción gubernamental.
A este panorama se suma el creciente malestar social. Habitantes del municipio denuncian que, en lugar de atender la crisis ambiental, el alcalde estaría concentrando esfuerzos en impulsar la proyección política de su hermano, Diego Pérez, con miras a la sucesión municipal. De confirmarse, esta situación no solo implicaría un conflicto ético, sino una utilización indebida del poder público para fines personales.
El caso de Cacahoatán ilustra un problema estructural más amplio: la fragilidad en la aplicación de la normativa ambiental y la falta de consecuencias efectivas ante su incumplimiento. Mientras las sanciones no se materialicen y la supervisión no sea constante, episodios como este seguirán repitiéndose, con costos ambientales y sociales cada vez más altos.
La exigencia de los pobladores es clara: intervención inmediata, cierre definitivo del basurero y sanciones ejemplares. Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de la ley, sino el derecho de las comunidades a un entorno sano y seguro.
