El Gobierno nacional oficializó una nueva medida de seguridad en el sistema penitenciario: la instalación de tecnología para detectar y bloquear teléfonos móviles dentro de los penales federales. La resolución, publicada por el Ministerio de Seguridad, busca impedir que personas privadas de la libertad continúen operando actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
De acuerdo con la normativa, los centros penitenciarios podrán implementar sistemas capaces de identificar dispositivos activos mediante dos códigos únicos. El primero es el IMEI, que corresponde al número de serie de cada teléfono, y el segundo es el IMSI, asociado a la tarjeta SIM y a la línea telefónica. Con esta información, las autoridades podrán solicitar a las compañías de telecomunicaciones —como Telcel, AT&T y Movistar— la inhabilitación tanto del equipo como de la línea.
Las empresas tendrán un plazo máximo de 48 horas para ejecutar el bloqueo una vez recibida la solicitud oficial. Esto implica que los dispositivos detectados quedarán completamente inutilizados y no podrán volver a ser activados.
El principal objetivo de la medida es cortar los canales de comunicación utilizados por internos para coordinar delitos como extorsiones, secuestros, homicidios y actividades vinculadas al narcomenudeo.
A diferencia de los inhibidores de señal utilizados anteriormente, que bloqueaban todas las comunicaciones en un área determinada y afectaban también a personal penitenciario, visitantes y zonas aledañas, el nuevo sistema se enfoca exclusivamente en los dispositivos detectados dentro de los establecimientos. Esto permite una intervención más precisa sin interferir con el servicio fuera de los penales.
Con esta resolución, el Gobierno avanza en una estrategia de control más selectiva y tecnológica, orientada a reducir la incidencia delictiva originada desde el interior del sistema carcelario.