Tapachula, Chiapas. La exalcaldesa de Tapachula y actual diputada federal Rosa Irene «Rosy» Urbina Castañeda enfrenta nuevos cuestionamientos públicos luego de que se diera a conocer que forma parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el mismo órgano que mantiene un pliego de observaciones por 7 millones 223 mil 312 pesos derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2023 de su administración municipal.
Las observaciones de la ASF corresponden a posibles irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos, entre ellas contrataciones relacionadas con la adquisición de luminarias y la remodelación del Parque Central Miguel Hidalgo. Dichas observaciones aún forman parte del proceso de fiscalización y pueden ser aclaradas por el ente auditado.
A la polémica se suma que diversos medios de comunicación han informado que uno de los hijos de la legisladora labora en la propia Auditoría Superior de la Federación. Aunque esta circunstancia no constituye por sí misma una ilegalidad ni existe una resolución oficial que determine un conflicto de interés, ha dado lugar a señalamientos públicos sobre un posible caso de nepotismo y sobre la conveniencia ética de que la diputada participe en la comisión encargada de vigilar a la institución donde trabaja su familiar.
La situación ha provocado críticas de diversos sectores, que consideran que la integración de Urbina a la Comisión de Vigilancia de la ASF envía un mensaje contradictorio en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
El caso reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos para prevenir conflictos de interés y garantizar que quienes supervisan a los órganos fiscalizadores no mantengan asuntos pendientes derivados de su propia gestión pública.
Hasta el momento, la exalcaldesa no ha sido sancionada por la ASF respecto de estas observaciones, las cuales continúan dentro del procedimiento de fiscalización previsto por la ley.