¿Por qué no considerar otras entidades del país? ¿Quién garantiza la tranquilidad y seguridad de los habitantes?
TAPACHULA, CHIAPAS, 16 DE OCTUBRE DE 2026. (Pepe Galdámez / DSN).- El anuncio del Gobierno federal sobre la construcción de un nuevo centro penitenciario en Chiapas abre una discusión que no debería pasar inadvertida: ¿por qué nuevamente nuestro estado debe recibir una instalación de esta naturaleza, cuando ya cuenta con uno de los grandes centros federales de reclusión del país?
El pasado 13 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en México, con una capacidad conjunta de 18,480 espacios. Uno de ellos estará ubicado en Chiapas, aunque hasta ahora no se ha informado en qué municipio se construirá, cuánto costará ni cuándo comenzarán los trabajos.
La pregunta es inevitable: ¿por qué otra vez Chiapas?
VILLA COMALTITLÁN: UN ANTECEDENTE QUE NO DEBE IGNORARSE
En el municipio de Villa Comaltitlán, en la región del Soconusco, opera el Centro Federal de Readaptación Social número 15, una instalación con capacidad para 2,520 personas privadas de la libertad.
Su funcionamiento ha estado acompañado de denuncias por presuntos malos tratos, deficiencias médicas y problemas relacionados con las condiciones de internamiento.
No se trata solamente de señalamientos periodísticos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 206/2023, después de acreditar violaciones a los derechos humanos de ocho personas privadas de la libertad, relacionadas con el uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También emitió la Recomendación 138/2023, relacionada con el fallecimiento de una persona interna después de sufrir agresiones y una intervención tardía y negligente de las autoridades penitenciarias.
Más recientemente, el Informe Anual 2025 de la CNDH registró 271 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en el CEFERESO 15. Estas quejas no equivalen, por sí mismas, a violaciones acreditadas, pero muestran la importancia de mantener una supervisión rigurosa.
¿QUIÉN PIENSA EN LA TRANQUILIDAD DE LOS PUEBLOS?
La construcción de un centro penitenciario no representa únicamente levantar bardas, instalar torres de vigilancia y colocar sistemas de seguridad.
También significa establecer una instalación que tendrá efectos permanentes sobre el territorio y sus habitantes.
Las comunidades tienen derecho a conocer las consecuencias que podría representar para su seguridad, economía, servicios públicos, recursos naturales y actividades productivas.
Un penal de grandes dimensiones requiere abastecimiento de agua, energía eléctrica, drenaje, transporte, atención médica y dispositivos de seguridad.
Si estos requerimientos no se estudian adecuadamente, pueden generar presiones adicionales sobre comunidades que ya enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos.
Asimismo, deben evaluarse los riesgos de extorsión telefónica, corrupción penitenciaria y posibles afectaciones derivadas de una operación deficiente.
Esto no significa afirmar que una cárcel necesariamente incrementa la delincuencia en su entorno. Significa que las autoridades tienen la obligación de demostrar, mediante estudios técnicos, cómo evitarán esos riesgos.
Los pueblos no deben cargar con las consecuencias de decisiones tomadas desde oficinas gubernamentales sin conocer previamente sus efectos.
¿POR QUÉ CHIAPAS Y NO OTRA ENTIDAD?
El anuncio federal contempla también centros penitenciarios en el Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
Sin embargo, resulta legítimo preguntar cuáles fueron los criterios utilizados para incluir nuevamente a Chiapas.
¿Se realizó un diagnóstico de la capacidad penitenciaria existente? ¿Se evaluaron los impactos sociales de las instalaciones actuales? ¿Se analizaron alternativas de ubicación? ¿Se consideraron las condiciones económicas y de seguridad de las comunidades?
Chiapas enfrenta importantes necesidades de infraestructura carretera, servicios de salud, agua potable, educación y desarrollo productivo.
Por ello, antes de comprometer recursos públicos en otro penal, las autoridades deberían explicar su necesidad y demostrar que su ubicación responde a criterios técnicos, no simplemente a la disponibilidad de terrenos.
LA SEGURIDAD NACIONAL NO DEBE SIGNIFICAR INCERTIDUMBRE PARA LAS COMUNIDADES
Es cierto que México enfrenta problemas de sobrepoblación penitenciaria y que el Estado tiene la obligación de garantizar espacios adecuados para las personas privadas de la libertad.
Pero esa responsabilidad debe cumplirse sin desatender los derechos de las poblaciones cercanas.
Una política penitenciaria responsable no consiste únicamente en construir más cárceles. También exige mejorar las existentes, combatir la corrupción, garantizar condiciones dignas y fortalecer los mecanismos de reinserción social.
El caso de Villa Comaltitlán demuestra que las autoridades deben atender problemas documentados antes de ampliar la infraestructura penitenciaria en el estado.
CHIAPAS NECESITA RESPUESTAS, NO DECISIONES IMPUESTAS
Antes de iniciar la construcción del nuevo penal, el Gobierno federal debería informar públicamente:
• El municipio y el terreno donde pretende instalarlo.
• La capacidad y el perfil de la población penitenciaria que recibirá.
• El presupuesto y los beneficios económicos previstos para la región.
• Los estudios de impacto ambiental, social y de seguridad.
• Las medidas de protección para las comunidades vecinas.
• Los mecanismos de información y participación de los habitantes.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, también tendría que conocer y explicar los alcances del proyecto y la participación que corresponderá al Gobierno estatal.
La seguridad pública es una responsabilidad del Estado, pero la tranquilidad de los ciudadanos también lo es.
No se trata de rechazar automáticamente cualquier proyecto penitenciario. Se trata de exigir razones, transparencia y garantías antes de adoptar decisiones que pueden transformar permanentemente la vida de una comunidad.
Y queda una pregunta que las autoridades federales deben responder: si Chiapas ya alberga un centro penitenciario federal de grandes dimensiones, ¿por qué necesita otro?
¿Por qué siempre Chiapas?
Porque antes de construir más cárceles, el Gobierno debe demostrar que también está dispuesto a proteger a los pueblos que vivirán alrededor de ellas.
DSN | DESDE EL SUR