Frente a casos recientes de niñas y niños en situación de calle o explotación laboral, María José Oseguera Narváez, coordinadora de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), urgió a la sociedad a utilizar mecanismos como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para reportar vulneraciones a derechos infantiles.
Advirtió que las denuncias deben ir acompañadas de un seguimiento riguroso para evitar la impunidad.
Durante su intervención en un foro sobre derechos de la infancia para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Oseguera enfatizó que, si bien existen canales como las líneas de denuncia del DIF o la Fiscalía de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, el verdadero reto es garantizar que las autoridades actúen.
“Como ciudadanos, no podemos controlar el alcance de una denuncia, pero sí exigir transparencia y resultados”, declaró y señaló que en contextos donde el trabajo infantil está normalizado, la inacción perpetúa ciclos de explotación.
“Visibilizar es el primer paso. Si nos hacemos cómplices por omisión, el problema se arraiga”.
Ejemplificó con situaciones donde menores laboran hasta 12 horas diarias en semáforos o comercios informales, escenarios que, insistió, deben tratarse como emergencias.
En paralelo, Oseguera subrayó la necesidad de abordar el trabajo infantil en comunidades indígenas con estrategias que respeten usos y costumbres, pero prevengan la explotación.
“No se trata de imponer una visión externa, sino de dialogar para que actividades culturalmente aceptadas no anulen el derecho a la educación o la recreación”, explicó.
Reconoció que el desafío es complejo, ya que en algunas comunidades los niños contribuyen al sustento familiar, pero insistió en que el trabajo no debe consumir su infancia.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 28.5 % de los niños indígenas de 5 a 17 años realizan actividades económicas, muchas sin supervisión.
La experta concluyó con un llamado a la corresponsabilidad y sostuvo que “las denuncias son vitales, pero también lo es construir soluciones desde las comunidades. No podemos permitir que ni un niño más pierda su derecho a ser niño”.