La presidenta Claudia Sheinbaum propuso al Congreso de la Unión eliminar la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de velar por la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por la independencia de sus integrantes.
La propuesta de Sheinbaum modifica el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para suprimir esas facultades que tiene el Pleno de la Corte al eliminar el fragmento “velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes”. En su lugar propone en el artículo 70 que dicha facultad corresponda al Órgano de Administración Judicial.
Presidencia envió al Senado tres nuevas leyes secundarias de la reforma judicial, entre las que se encuentran modificaciones a la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial y cambios a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La iniciativa de la Ley Orgánica establece también las facultades que tendrán los órganos del PJF, entre ellos los nuevos órganos de administración y disciplina judicial.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, señaló que de esta manera preparan el terreno para que la reforma judicial pueda operar a partir del próximo año, tras la elección de personas juzgadoras.
La titular del Ejecutivo Federal no sólo propone eliminar la facultad de la Corte para velar por la autonomía e independencia judicial, sino que además plantea borrar la facultad para que la Suprema Corte revise la constitucionalidad de la reforma judicial mediante las diversas consultas a trámite que se han abierto al interior del Máximo Tribunal del país.
Al agregar aspectos nuevos sobre la “integración y funcionamiento” del nuevo Órgano de Administración Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció que este organismo contará con atribuciones para tener bajo su cargo “la administración de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, y velará por su buen funcionamiento, autonomía, independencia, imparcialidad y legitimidad”.
No obstante, la reforma no especifica bajo qué procedimientos podrían realizar estas funciones las cinco personas que integrarán este nuevo órgano y que serán elegidas por voto popular durante las elecciones de juzgadores programadas para junio de 2025.
Desde septiembre, que fue aprobada la reforma judicial por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), juzgadores y magistrados interpusieron ante la Suprema Corte diversos recursos para solicitarle revisar la reforma judicial, sobre todo al considerar, precisamente, que podía ejercer la facultad prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica.
De esta manera, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, comenzó a abrir diversas consultas a trámite para analizar la procedencia y constitucionalidad de la reforma judicial, en particular porque extingue la llamada “carrera judicial” y destituye a todas las personas juezas, magistradas y ministras del país.
De acuerdo con la Corte, en caso de que no exista un procedimiento claramente definido para atender algún asunto que ingrese a la Corte, la persona presidenta del Máximo Tribunal designa a un ministro o ministra para que analice y proponga al Pleno el trámite o procedimiento que deba seguir.
En total, la Corte recibió nueve consultas que fueron divididas entre el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá (1) y las ministras Yasmín Esquivel Mossa (5) y Lenia Batres Guadarrama (3).
Finalmente, el 3 de octubre de 2024, por mayoría de ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Corte determinó que sí puede analizar la reforma judicial, luego de admitir la procedencia de una de las diversas consultas a trámite elaboradas por jueces y magistrados federales y cuyo proyecto elaboró la ponencia del ministro González Alcántara Carrancá, razón por la cual aún queda un recurso en trámite sobre la reforma judicial, pendiente por resolverse al interior de la Corte.
Mientras que días después, las propuestas de las ministras Esquivel y Batres, que no admitían sus consultas, fueron rechazadas por las y los integrantes del Pleno.
Otra de las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene que ver con la atribución del Pleno de aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Suprema Corte.
En su lugar, la presidenta Sheinbaum plantea que se someta a consideración del Pleno solo el anteproyecto de presupuesto de la Corte, a efecto de que una vez aprobado, lo proponga al presidente o presidenta del Órgano de Administración Judicial, para su inclusión final en el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial.
El pasado 24 de octubre, el Pleno de la Corte aprobó por mayoría de votos el proyecto de presupuesto 2025 por cinco mil 922.9 millones de pesos, lo que representó una disminución del 1.4%, en términos reales, respecto al que la Cámara de Diputados aprobó para este 2024, año en el que el Congreso hizo el recorte más grande de, por lo menos, los últimos 10 años.
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